LA JUSTICIA EJECUTIVA DE PODER LEGISLATIVO

Me encanta el falso rasero que algunos que se llaman demócratas tienen sobre la justicia y como hacen uso de ella. Son los sectores izquierdistas los que se llenan la boca de llamar fascismo al hecho de que no haya la separación de poderes: Ejecutivo legislativo y judicial y son los primeros que políticamente manipulan lo que haga falta para alterar las decisiones del poder judicial.

Según nos llevan vendiendo durante cuarenta años el gobierno solo debería de ejercer la función de ejecutar las leyes, lo que llamamos poder ejecutivo, pero en realidad también controla el poder legislativo al controlar el Congreso de los Diputados y el senado, bien de forma directa en el caso de que el gobierno de turno tenga mayoría absoluta o de forma indirecta a través de pactos con partidos bisagra que nadie sabe muy bien como obtienen tanto poder siendo realmente partidos de comunidades autónomas que no deberían tener ningún poder fuera de ellas.

Ya con el poder ejecutivo y legislativo controlado el siguiente paso es el control del poder judicial. Así un poder que tenía que ser totalmente independiente acaba controlado por el gobierno a través de instituciones como el “Tribunal constitucional”, “La audiencia nacional” etc etc.

Realmente como podemos ver la irrisoria justicia española permite ver de forma transparente que asistimos a una separación de poderes ficticia, de juguete, donde el gobierno de turno manipula la justicia para su bien. Incluso en casos de grandes escándalos con sentencias que pueden resultar ejemplarizantes lo que hay detrás es una ocultación de un delito aun mayor y cuyas consecuencias se frenan con esas sentencias que contentan a los ciudadanos que no se dan cuenta de la manipulación a la que estamos sometidos.

Todo esto por no hablar de la figura del indulto y del uso que los gobiernos han estado haciendo hasta ahora de él. Hemos de recordar que los indultos son decisión directa del ejecutivo por lo que da la libertad gubernamental de excarcelar a quien consideren oportuno.

De todas formas vamos a ver como se componen algunos órganos judiciales, cuál es su función y como todo termina estando en manos del poder ejecutivo es decir de los gobernantes.

El tribunal constitucional se compone de 12 miembros que son nombrados por el Rey. De estos miembros 4 son a propuesta del Congreso, siendo por mayoría es decir 3/5 de los congresistas han de estar de acuerdo, 4 miembros a propuesta del senado, como sucede en el congreso han de ser elegidos por mayoría es decir 3/5 de los senadores han de votar a esos jueces, 2 miembros son propuestos por el gobierno y los 2 últimos a propuesta del Consejo General del poder judicial. Increíble pero cierto de 12 miembros solo 2 son realmente elegidos por parte de un órgano judicial, el resto son elegidos por el poder ejecutivo. Evidentemente a dedo para que puedan salirse con la suya mientras los ciudadanos seguimos tragando las altramuces de la separación de poderes.

Es precisamente una de las guerras internas que existen entre los partidos mayoritarios, es decir el PP y el PSOE. En la actualidad el PSOE controla este tribunal controlando la presidencia del tribunal a través de su presidencia que ocupan dos delfines afines a su ideología. Pero la legislatura pasada la obligada renovación del tribunal constitucional no pudo llevarse a efecto en la fecha prevista debido a la falta de acuerdo entre PP y PSOE que querían poner en este órgano a sus delfines para controlar las decisiones de este.

Dicen que como ejemplo basta un botón y mira por donde nuestro botón nos hace mirar a Cataluña y al “Estatuto” de esta autonomía donde el tribunal constitucional no ha dictado aun sentencia después de 3 años por la falta de acuerdo entre los magistrados que representan los dos grandes partidos. Pero donde salió la aguja de todo este pajar fue en que la recusaciones a algunos de los miembros, esto son intentos de impedir  que determinados magistrados puedan decidir sobre el asunto concreto, las efectuó directamente el gobierno, lo que demuestra sobradamente la intromisión del poder ejecutivo dentro del judicial.

Pero debemos de continuar, qué pasa con el “Consejo general del poder judicial”. Este organismo es el que controla a los jueces, nombramientos, ascensos, sanciones etc. Antes de ver porque es un órgano controlado por el poder político, vamos a remontarnos a la Constitución de 1978.

Las constitución del 78 quiso garantizar la independencia de la justicia y de quien se ha de encargar de impartirla. Para ello recurrimos al Título VI de la Carta Magna y a su artículo 122 que en el párrafo tercero dice:

« El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.

De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. »

Bueno para mi gusto ya empezamos mal. Con toda esta parafernalia lo único que se saca en claro es que este órgano es mixto, posiblemente con la intención de evitar dentro de este órgano un exceso de corporativismo judicial. Pero en resumidas cuentas la constitución viene a decir que en el máximo organismo de control de los jueces participaran personas pertenecientes a la “Carrera judicial” pero también personas ajenas a la misma. Es decir que pueden ser miembros del CGPJ  los jueces de lo militar, los jueces de paz, los jueces sustitutos, los magistrados suplentes y los jueces en provisión temporal. Creo que en otros órganos judiciales seria asumible el hecho de poder incluir gente fuera del marco inminente judicial. Pero tratándose del máximo organismo que regula a los jueces. ¿No parece lógico que la cúpula de este organismo esté compuesta por jueces de carrera judicial de reputada carrera además de independencia política? Pues al parecer como en los marcos legislativos de los países que nos rodeaba era así pues así se hizo

Vamos que si en Francia, Inglaterra, Alemania o cualquier país similar dijera que un ciudadano puede salir a la calle y matar perros a tiros también figuraría en nuestra constitución. Así se hizo la carta magna y así nos va.

Pero hay que reconocer llegados a este punto al menos se garantizaba la independencia del poder judicial y su nula vinculación política y por ende garantizaba, o al menos estaba en condiciones de ello, la independencia política de los jueces, vocales y participantes en la justicia.

Pero bueno todo podía ir a peor. Cuando llego el gobierno socialista de Felipe González, todos los esfuerzos que puso la constitución en la separación de poderes se fue al carajo. Se promulgo la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 que desposeyó a los jueces y magistrados de su derecho originario de elegir 12 de los 21 miembros que integran el CGPJ (Algo que ya se venía ejerciendo desde la Ley Orgánica precedente de 1980). Transfiriendo al parlamento la elección de todos ellos. Este decreto fue llevado al Tribunal Constitucional por el CGPD, al considerar que provocaba una inconstitucionalidad, pero finalmente según la sentencia STC 108/86 fue aprobada y la independencia del poder judicial murió y el órgano de autogobierno de los jueces perdió su autonomía a cambio de una politización.

Evidentemente en muy poco tiempo el tinte político se mostró en las decisiones más relevantes del CGPJ sobretodo en nombramientos de la alta cúpula judicial y el propio TC. Todo esto ha conseguido un descredito y la desconfianza de los ciudadanos sobre la justicia y todo en el marco de un supuesto estado de derecho.

Fue el propio Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno de Gonzalez el que sin ningún tipo de pudor se atrevió a decir:

« [,,,] Montesquieu a muerto […] »

En clara alusión a que la separación de poderes acababa de morir en España.

El tiempo ha pasado y todo esto se ha convertido en una guerra encubierta entre los diferentes grupos políticos para poder llevar el máximo de miembros afines a estos órganos para poder manipular la justicia a su conveniencia.

Pero por si todo esto no fuera suficiente cuando además de manipular la justicia se quiere ser populista para ganar votos se actúa como recientemente actuó el presidente Sanchez hace pocas semanas.

En el tejado del tribunal constitucional la pelota sobre quién debe pagar los gastos a la hora de firmar una hipoteca. En primera instancia dan la razón a los clientes y apenas tres semanas más tarde deciden que no que la razón la tienen los bancos y que estos gastos han de correr a costa del cliente.

Aquí vamos a ir por partes. Totalmente de acuerdo estoy con el hecho de que deberían ser los bancos los que pagaran esos gastos, que en el mejor de los panoramas para el banco debería de repartirse el coste entre la entidad bancaria y el cliente. Y quiero antes de nada dejar claro que no estoy para nada de acuerdo con que sea solo el cliente el que cargue con estos gastos. Pero el “Tribunal Constitucional” que es el máximo estamento judicial en España tomó la decisión de que fuera el cliente el que cargara con esos gastos, es decir cómo se llevaba haciendo hasta ese momento, y como organismo judicial ha de ser respetado y asumir su decisión.

Sin embargo el bandarra del presidente Sanchez toma la populista decisión de hacer que sean los bancos los que carguen con los gastos, esto es fantástico para el usuario. Y llegados a este punto: ¿Dónde queda el respeto a la justicia y la independencia del poder judicial?

A este punto hemos llegado en este país al hecho de que si no te gusta lo que la justicia dicta lo cambias a golpe de decreto ley. Y ojo no es una cuestión de estar o no de acuerdo con la medida sino que esto siembra un precedente para que la injusticia hacia el ciudadano este servida. No está bien lo que bien acaba porque esto no va a acabar bien es evidente. Ahora se ha cambiado a golpe de ley una decisión de la justicia que pone muy contento a todos los que tienen hipoteca cuando se cambie a golpe de ley un derecho a la igualdad por ejemplo no habrá derecho al pataleo porque habrá un precedente que alegro a todo el mundo. Y no olvidemos que la izquierda es experta en romper la vida de los ciudadanos a golpe de ley.

Debemos exigir una independencia total del poder judicial desde el estamento más bajo al más alto. Debemos exigir que los máximos dirigentes judiciales firmen bajo juramento su apoliticidad y así podamos confiar en una justicia sin poder político. No debemos tolerar que ningún gobierno manipule la justicia a golpe de ley porque así han comenzado siempre las dictaduras más crueles y Sanchez está dispuesto a llevar a España al peor de los lodazales por un color político cuya maldad ni el mismo llega a comprender.

El peor Zapaterismo ha vuelto la diferencia es que cuando Zapatero gobernó España estaba más o menos integra y pudo soportar como pudo el enviste de sus imbecilidades mentales ahora estamos en una España rota que no está en condiciones de aguantar los envistes de otro tonto como él.

Luchemos por que la justicia no entienda de colores políticos, sino de la interpretación de las leyes y de ser igual para todos.

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